Siete informes secretos revelan que la Policía reclutó a un implicado en estafas para la guerra sucia contra Podemos
![WeCan](https://static.eldiario.es/clip/e81f333b-d7c7-4efd-be9b-5dd04b92341e_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Las maniobras de un grupo de mandos policiales contra Podemos durante el último Gobierno del PP superan el contenido de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional y las revelaciones periodísticas realizadas hasta ahora. elDiario.es ha accedido a siete informes inéditos de la brigada política que muestran cómo el Ministerio del Interior implicó en las maniobras contra el partido a un colaborador policial en asuntos de narcotráfico. Se trata del abogado José Aliste, condenado en los noventa por estafa y que en la actualidad está imputado en varias causas judiciales.
Aliste redactó en 2016 siete informes en los que traslada lo que le dice quien entonces era su cliente, el ex viceministro de Energía Eléctrica venezolano José Alvarado Ochoa, y también las averiguaciones que asegura haber hecho él mismo tanto en España como en sus desplazamientos a Miami. La tesis principal de esas notas es un supuesto dinero que Hugo Chávez ordenó entregar a Podemos y que “se cuantificaría en alrededor de más/menos 30 millones de dólares USA”.
Ni esta acusación de financiación millonaria del partido que lideraba Pablo Iglesias ni el resto de las cantidades recogidas en las notas han sido probadas en una década de investigaciones policiales y judiciales a Podemos. Los siete informes redactados por José Aliste para la brigada política siguen a día de hoy alojados en las bases de datos de “inteligencia” del Cuerpo Nacional de Policía, según ha podido constatar elDiario.es.
Bajo el encabezamiento de “Podemos”, Aliste redacta los tres primeros informes a partir de lo que le cuenta Alvarado Ochoa, al que en adelante se referirá con el nombre en clave de ‘Cicerón’. En los otros cuatro restantes cambia el encabezamiento de los informes, en lugar de Podemos los titula “We can”, y la fuente pasa a ser alguien a quien se identifica por “Last Means” (“Últimos Medios”, en inglés). En realidad, se trata del propio José Aliste, quien tiene a su nombre una sociedad llamada igual sobre la que ha puesto la lupa un juzgado de Madrid.
En los informes aparecen acusaciones ya conocidas, como el ingreso de 7,1 millones de euros por la Fundación Ceps –por la que pasaron los fundadores de Podemos como politólogos– seis años antes de que existiera la formación. Esta supuesta prueba de la financiación de Venezuela fue utilizada por la brigada política que operó bajo el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la filtración a medios de comunicación afines. Otras maniobras, como se verá más adelante, son nuevas y no habían trascendido hasta ahora.
En otro de los informes de Aliste, confeccionado a partir de la supuesta información que le da Alvarado Ochoa, se incluye una particular revisión de la historia reciente de España. “De ese apoyo y financiación [venezolana] eclosionaron movimientos sociales populistas (15M, indignados, barrio de Gamonal de Burgos, etc.) y se concretó, según un proyecto medido y calculado, en el partido político que hoy se denomina Podemos”, escribió el colaborador policial.
El caso Caranjuez se sigue Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid e investiga a una presunta organización criminal que cobró “millones de euros” de antiguos jerarcas venezolanos asentados en España, entre ellos Alvarado Ochoa, a cambio de una supuesta protección y evitar sus extradiciones. En el caso Caranjuez, los venezolanos denuncian porque aseguran que fueron extorsionados. Entre los investigados hay un antiguo espía de Israel, policías españoles y también está José Aliste. El abogado Aliste defendió en su declaración que se limitó a cobrar por los servicios legales que prestó a sus defendidos, entre ellos Alvarado. La Policía cifra los ingresos de Aliste procedentes de los venezolanos en 1,1 millones de euros.
Entre eso que Aliste identifica como “labores de defensa” están la elaboración de “siete informes”, según explicó él mismo ante la jueza del caso. Un informe, este sí de la Policía, aportado al caso Caranjuez explica que Aliste consiguió que su cliente se entrevistara con Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la Policía con el PP y artífice de la brigada política. En dos reuniones, Pino estuvo acompañado de otros policías imputados en la Audiencia Nacional por la guerra sucia a Podemos, como el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano.
A los policías españoles les interesó poco la información que Alvarado tenía de Venezuela e insistían en qué podía conseguir de Podemos, tal y como relató Alvarado Ochoa en el marco del caso Caranjuez. Según el relato de los investigadores [ver vídeo], Alvarado Ochoa quedó en preguntar y volvió con “puntos de cuenta” (órdenes de pago) a Podemos, entre ellos los 7 millones a CEPS que nunca han podido demostrarse como financiación del partido.
Aliste dijo en el juzgado que su cliente no quería nada a cambio, pero lo que sucedió en fechas posteriores no pasó desapercibido a quienes ahora investigan aquellos hechos. En 2015, el Ministerio del Interior había inadmitido la extensión de la residencia a Alvarado Ochoa, pero en 2016, coincidiendo con la contratación de Aliste y su colaboración con la Policía en contra de Podemos, la autorización fue renovada.
Fue el inicio de una regularización que acabó con la concesión de la nacionalidad española en 2019, justo a tiempo para que la Audiencia Nacional rechazara la solicitud de extradición por Estados Unidos con el argumento de que Alvarado ya estaba siendo investigado en ese tribunal y gozaba de la nacionalidad española. Al conseguir su DNI, Javier Alvarado Ochoa cambió el orden de sus apellidos, un trámite administrativo que también había realizado Aliste en 2014. En sus DNI son Javier Ochoa Alvarado y José Martín Aliste.
Residencias y nacionalidades como pago
La guerra sucia a Podemos se investiga por otra vía, la causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a partir de una querella del partido. En ella está imputado el número dos de Interior en la época, Francisco Martínez, el comisario Pino y otros mandos policiales de la denominada brigada política. Una de las líneas de investigación de esta causa es la concesión de un permiso de residencia a un ciudadano venezolano a cambio del bulo que aseguraba que Pablo Iglesias había cobrado 272.000 euros del régimen de Chávez en una cuenta del paraíso fiscal de Granadinas. Los funcionarios de la UDEF que investigan el caso Caranjuez creen que el caso de Alvarado Ochoa es similar.
La colaboración de Aliste con la brigada política que actuó en el Ministerio del Interior, al menos entre 2012 y 2016, no se limitó a escuchar y plasmar lo que habría dicho su cliente, Alvarado Ochoa, alias Cicerón. En los informes aparece el viaje que Aliste realizó a Miami para entrevistarse con dos cargos del chavismo que tendrían información perjudicial para Podemos y que la entregarían “a cambio de nada”.
En la documentación en poder de elDiario.es consta incluso un presupuesto para fletar un avión privado y que estos dos individuos, de los que se adjunta una fotocopia de su pasaporte, se desplacen a República Dominicana a mantener un encuentro, no se sabe si solo con Aliste o también con alguno de los mandos policiales que integraron la brigada política de Interior.
![](https://static.eldiario.es/clip/931f46d6-c4c7-4498-9a76-33428bc0af4e_source-aspect-ratio_default_1111605.jpg)
El encuentro tuvo lugar finalmente en Miami. “En la semana pasada nos desplazamos para tener entrevistas con ambos [elDiario.es omite el nombre por si pudiera provocarles problemas de seguridad] llevándose a cabo las mismas en el Hotel Trump sito en 18101 de Collins Ave. Nos reunimos con ellos los días 3, miércoles, 4 jueves; y 5 viernes. En total un espacio de unas 16 horas”.
Todo parece indicar que está refiriéndose a tres días de mayo de 2016 y que el informe está redactado en fechas próximas y posteriores. Habría un error en la secuencia de identificación de días de la semana porque el día 3 de mayo fue martes y no miércoles. A partir de ahí, este informe, el número 7, coincide con los anteriores en que presenta un amplio número de nombres de ciudadanos venezolanos y la promesa de aportación de documentación por parte de ellos que nunca llegó a producirse.
La primavera de 2016 resultó frenética para la brigada política a las órdenes del ministro Fernández Díaz. Fue el momento de acelerar en la aplicación a Podemos de la estrategia que había inaugurado en 2012 contra el independentismo catalán, consistente en fabricar pseudoinformes policiales para que fueran publicados y debilitar a los oponentes del Gobierno del PP. Quedaba mes y medio para las elecciones generales de junio y de las urnas podía salir un gobierno de coalición del PSOE y Podemos.
La fiabilidad de los dos cargos venezolanos con los que se reunió Aliste se ejemplifica en un dato. Escribe el abogado: “Manifiestan que conocen perfectamente la factura de 272.325 euros que le fue abonada por el Ministerio de Finanzas (ministro Rodolfo Clemente Marco Torres) en el año 2014 a una cuenta en un paraíso fiscal del Caribe”. El documento sobre el supuesto pago, que fue exhibido en varios medios de comunicación, era un burdo montaje, como demostró ya entonces elDiario.es.
La conexión de Aliste con la Policía
El abogado José Aliste Martín tiene 72 años en la actualidad. En 1988 fue detenido cuando compatibilizaba su cargo de concejal de Alianza Popular en la localidad zamorana de Viñas de Aliste con el puesto de responsable de Divisas Extranjeras en la sucursal del Banco Exterior en la capital de la provincia. Fue condenado a ocho años de cárcel por llevarse 600 millones de pesetas del banco, según consta en el sumario del caso Villarejo.
Identificado como un histórico colaborador de la Policía, algo que él reconoce en su declaración judicial, Aliste cambió el orden de sus apellidos en la Subdirección General de Logística del Cuerpo, “dependencia de acceso restringido por no prestar servicio al público y que no suele realizar expediciones de DNI de forma ordinaria a personal no policial”, destacan los agentes que investigan el caso Caranjuez.
Aliste suma a su imputación por organización criminal y estafa del caso Caranjuez otros problemas con la justicia. Según el informe policial le consta una detención por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 2015 acusado de blanqueo de capitales. En la fecha del informe, 2021, estaba imputado en el Juzgado de Instrucción número 5 en una causa por narcotráfico y blanqueo y le constaba otra acusación en un juzgado de Vilanova i La Geltrú. Además, figura entre los imputados en la operación Marioneta contra una red de estafadores, en la que también está investigado el ventrílocuo José Luis Moreno.
José Aliste estuvo igualmente investigado en la pieza número 36 del caso Villarejo, posteriormente archivada. Se trataba de una operación para extorsionar al abogado Javier Gómez de Liaño, cuando representaba a Luis Bárcenas, y conseguir que los medios no publicaran información comprometedora del PP. En esa pieza llegó a declarar como testigo María Dolores de Cospedal, pero el juez Manuel García Castellón terminó archivándola por falta de indicios. Como publicó El Periódico de España, Aliste y Villarejo se conocen desde hace décadas y el abogado aparece en las agendas del comisario.
Alvarado Ochoa, investigado por la Audiencia Nacional
Por su parte, Javier Alvarado Ochoa fue nombrado viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela en 2010 y al año siguiente pasó a estar al frente de Bariven, una de las filiales de PDVSA (Petróleos de Venezuela). Está procesado en el Juzgado Central de Instrucción número 2 por un presunto soborno de la empresa asturiana Duro Felguera para construir una central termoeléctrica en Venezuela. Otro juzgado de la Audiencia Nacional, el número 3, lo investiga por el desfalco de la propia PDVSA y el blanqueo de capitales procedente del desfalco de la petrolera estatal venezolana.
“Desde su privilegiado puesto fue testigo directo de cómo el comandante presidente Chávez impartió instrucciones para apoyar financiariamente a ‘Fuerzas políticas emergentes en España’, hoy denominadas Podemos, a través de empresas aliadas”, escribe Aliste de él en el informe que sirve de presentación.
Según el informe número 4 redactado por Aliste, el abogado también estuvo implicado en el viaje de uno de los mandos de la brigada política a Nueva York para recabar un testimonio contra Podemos de Rafael Isea, exministro de Finanzas venezolano. El 12 de abril, el inspector jefe de la policía española José Ángel Fuentes Gago dijo a Isea en el Consulado español que viajaba con “un mandato de Rajoy”. “Si conseguimos que no lleguen al Gobierno [Podemos], mejor para todos”, se le oye afirmar en una grabación publicada años después.
Los policías prometieron una vida en España a la familia de Isea, lograron su firma sobre la veracidad de una fotocopia del pago a la Fundación Ceps en 2008 y al poco todo apareció publicado en el diario ABC, lo que abortó la colaboración de Isea, que tiempo más tarde ha puesto en entredicho la información que tenía la policía española sobre Podemos.
Aliste conocía bien ese viaje: “Quedamos en llevar a cabo lo mismo el día 12 de abril en el Consultado de España en Nueva York, a cuyo fin se iba a desplazar allí este informante y tres personas más. Funcionarios del Ministerio del Interior que, por conocidas, no se hace preciso citar. Desgraciadamente, este plan se frustró al filtrarse a la Presa (sic) (Diario ABC) la nota de cuenta ya conocida y que supuso que él [Isea] y su familia quedasen en situación de riesgo”.
Estas investigaciones secretas de la brigada política bajo el Gobierno de Rajoy se compatibilizaron con otras judicializadas que han mantenido a Podemos bajo la lupa de algunos tribunales y, en consecuencia, en las portadas de los medios durante prácticamente toda su historia. La denuncia de un antiguo empleado de la formación que había sido despedido, coincidente casi en el tiempo con el acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos de diciembre de 2019, se transformó en un juzgado de Madrid en el caso Neurona, una macrocausa que mantuvo imputados durante tres años a varios de sus dirigentes y en la que se llegó a investigar una hipotética caja B del partido que resultó inexistente.
Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón rescató en 2021 una de las principales maniobras de la brigada política, el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), para sumarle en 2021 unas acusaciones sin pruebas –algunas coincidentes con las de Alvarado Ochoa– de otro venezolano que quería evitar la extradición a Estados Unidos, el ex general Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. La Sala de lo Penal terminó por archivar el procedimiento, entre duros reproches al magistrado que lo había intentado mantener vivo a toda costa durante año y medio. Carvajal, fuente de todas aquellas informaciones, se encuentra en la actualidad en una cárcel estadounidense.
José Aliste y Javier Alvarado han declinado dar su versión de los hechos para este reportaje. El abogado lo ha hecho personalmente y Alvarado a través de su actual letrado, quien ha alegado que su cliente está citado para declarar el próximo 28 de febrero en la causa por la guerra sucia a Podemos que se sigue en la Audiencia Nacional.
153