El PSOE denuncia que Minas, en manos de la consejera extremeña de Agricultura, no le ha expedientado por su pozo ilegal

La consejera extremeña de Agricultura, Mercedes Morán, se ha vuelto a enfrentar en el pleno de la Asamblea a preguntas de la oposición por el pozo ilegal que tiene en una parcela de su propiedad y por las ayudas al secano que recibió el verano pasado, a pesar de contar con ese sistema de riego. Pero ahora el PSOE ha acusado a la dirigente de PP de llevar a cabo una gestión “como un pozo sin fondo”.

Ahora, el diputado socialista Valerio Rodríguez ha acusado a Morán de no abrir un expediente sancionador a su parcela por contar con una perforación ilegal, puesto que las competencias de Minas están precisamente en manos de la consejería de Agricultura, que ella misma dirige. La consejera también es la responsable del procedimiento de reintegro que ha iniciado su departamento para que sus viñas y otras 42 explotaciones agrarias devuelvan las ayudas al secano que recibieron de forma irregular en 2024 por tener pozo ilegales.

Como desveló elDiario.es Extremadura, la responsable del PP creó y concedió unas ayudas directas y extraordinarias al viñedo de secano, y su parcela fue una de las beneficiarias. El terreno es de su propiedad y de uno de sus hermanos, que es quien lo explota.

Esa ha sido la respuesta de Morán para justificar que la Junta de Extremadura ha actuado “de forma correcta” y ha calificado de “injuriosas” las acusaciones del PSOE. Pero en su estrategia también ha activado la estrategia del ventilador y ha preguntado “cuántos altos cargos socialistas con propiedades agrícolas recogidas en sus declaraciones de bienes han recibido ayudas”. Se ha quedado ahí.

La consejera también ha intentado desviar el señalamiento del PSOE al acusar al Valerio Rodríguez, que fue jefe de servicio de Regadíos en la anterior legislatura, de engañar a los comuneros del proyecto de Tierra de Barros, que el PP ha dejado ahora sin fondos y propone reducir la superficie afectada.

Precisamente, la consejera de Agricultura decidió no incluir su parcela con el pozo ilegal en el proyecto y su terreno era uno de los afectados por las expropiaciones para ejecutar el regadío en la comarca pacense.